Durante muchos años, el gobierno ha buscado ampliar los mecanismos de fiscalización para incorporar a un mayor número de ciudadanos al padrón de contribuyentes.

La economía mexicana tiene características muy particulares. Uno de sus componentes más importantes es el llamado comercio informal, integrado por millones de personas que desarrollan actividades económicas sin cumplir con todas las obligaciones administrativas y fiscales establecidas por la ley. Un ejemplo cotidiano son los puestos de comida instalados en la vía pública. Aunque representan una importante fuente de autoempleo, generan actividad económica y, en muchos casos, también crean empleos, se consideran parte de la economía informal al no cumplir, en numerosos casos, con los requisitos legales para operar.

Desde la perspectiva del Estado, tanto el comercio formal como el informal participan en el movimiento de la economía nacional. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de personas que realizan actividades económicas fuera de la formalidad, resulta prácticamente imposible supervisarlas de manera individual.
Durante muchos años se confió en que los ciudadanos se incorporarían voluntariamente al sistema tributario. Con el tiempo, esa estrategia resultó insuficiente, por lo que comenzaron a implementarse mecanismos indirectos de fiscalización mediante instituciones que, aunque no son autoridades fiscales, tienen obligaciones de colaboración con el Estado.

Uno de esos mecanismos involucra a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de regular y supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero mexicano. Entre sus funciones se encuentra establecer diversas obligaciones regulatorias para las entidades financieras.
Como consecuencia de esta regulación, las instituciones bancarias solicitan a sus clientes información relacionada con su situación fiscal, la cual es utilizada para cumplir con diversas obligaciones legales y regulatorias. Parte de esa información puede ser compartida con las autoridades competentes en los casos previstos por la ley.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) administra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la información fiscal de los contribuyentes. Mediante cruces de información, puede detectar diferencias entre los datos fiscales disponibles y la información proporcionada por otras instituciones, siempre dentro del marco legal vigente.

Cuando una autoridad competente requiere información adicional, ésta puede solicitarse a través de las instituciones financieras conforme a las disposiciones legales aplicables. En algunos casos, el banco puede requerir documentación a su cliente para mantener actualizada la información de identificación y cumplimiento regulatorio.
Si el cliente no proporciona la documentación requerida, la institución financiera puede aplicar restricciones operativas a la cuenta, de conformidad con las disposiciones legales y regulatorias correspondientes. En este contexto, puede afirmarse que el gobierno ha fortalecido progresivamente sus mecanismos de fiscalización utilizando la información generada por distintos participantes del sistema financiero.
Es importante entender también qué se considera una cuenta bancaria en México. En términos generales, las cuentas abiertas en instituciones financieras autorizadas, con domicilio en México y sujetas a la supervisión de la CNBV, forman parte del sistema financiero regulado.

Por ello, las cuentas de instituciones como BBVA, Banamex, Santander, Scotiabank, HSBC, Banorte, Multiva y demás bancos autorizados se encuentran sujetas al marco regulatorio mexicano y, por consiguiente, a las obligaciones de información previstas en la legislación aplicable.

En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, puede concluirse que en México no existen las denominadas “cuentas bancarias no fiscales”. Todas las cuentas abiertas en instituciones bancarias reguladas están sujetas al cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.